Historia

De nuevo, una iniciativa parlamentaria e infinidad de globos sonda nos acercan a la evidente intención de nuestro gobierno de importar la iniciativa Sarkozy de implantar el sistema de “tres avisos” para quienes descarguen de la red obras sujetas a derechos de propiedad intelectual.

La insistencia en este tema por parte del gobierno me parece sumamente significativa, y me parece interesante plantearse cómo debe ser interpretada, qué quiere decir. A estas alturas parece claro que la táctica para obtener sus fines consiste en la “saturación”: dirigir una ingente cantidad de iniciativas a través de múltiples vías legislativas, que va desde proposiciones no de ley hasta enmiendas introducidas con una total falta de transparencia, para conseguir que alguno de los torpedos alcance su objetivo. Esta táctica la hemos podido ver aplicada con suma intensidad a nivel de legislación europea, donde la enorme complejidad del sistema lo favorece: cuestiones como la patentabilidad del software, por ejemplo, han llegado ya a ser discutidas en una gran cantidad de ocasiones, levemente reformateadas y vueltas a resucitar por la incansable acción de los lobbies implicados en el tema, tan incansables como si su sueldo dependiese de ello.

En mi modesto entender, el significado de esta insistencia en la ley de los tres avisos significa lo siguiente:

1. Al gobierno le traen sin cuidado las libertades más básicas de sus ciudadanos. Cuestiones como el secreto de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a una comunicación libre, la protección de los datos personales o el derecho a la información de todos los españoles le resultan completamente secundarias cuando se trata de defender los derechos de propiedad intelectual de unos pocos interesados. Claro está, todo hay que decirlo, los ciudadanos no entonamos himnos de apoyo con el dedo puesto sobre la ceja en plena campaña electoral. A lo meor si en las próximas elecciones lo hacemos, conseguimos un gobierno dispuesto a defender nuestros intereses, y no solo los de unos pocos.
2. El gobierno considera creación cultural únicamente aquella proveniente de los autores representados por determinadas asociaciones y lobbies. Según su interesada y retorcida visión, la suya es la única cultura, lo único que merece la pena, y lo que tiene que ser remunerado con un pseudoimpuesto arbitrario que vulnera las normas más elementales del derecho y del sentido común llamado canon.
3. Los derechos de propiedad intelectual se encuentran en fase de intensa redefinición, algo que hasta las mismas discográficas empiezan a entender repensando su modelo de negocio. Sin embargo, esto al gobierno le trae completamente al fresco: prefiere defender hasta la muerte el negocio de la venta de copias, confundir interesadamente dicha defensa con la defensa de la cultura, y criminalizar indebidamente a un muy importante porcentaje de la población.
4. Que los jueces insistan en considerar perfectamente lícita la descarga para usos no lucrativos o que los ministros de cultura europeos rechacen el método de los tres avisos es algo que al gobierno ni le inmuta. Prefiere escuchar la voz de los lobbies de la propiedad intelectual de nuestro país y actuar servilmente a su dictado. ¿Cómo se puede seriamente discutir la implantación del sistema de tres avisos para penalizar algo que los jueces insisten que no es delito en nuestro país?
5. Para proteger al negocio de venta de copias, y ante la insistencia de los jueces en considerarlo legal de manera contraria a sus intereses, el gobierno no dudará en nombrar otras autoridades competentes capaces de tomar decisiones sobre qué vulnera o no vulnera según ellos los derechos de propiedad intelectual, en convertir en ciberpolicías a las empresas de telecomunicaciones, o en vulnerar completamente un principio tan básico como la neutralidad de la red. O por supuesto, en pasar por encima de la Constitución.
6. Si el ministro de cultura defiende al lobby de los derechos de autor, y el de industria está dispuesto a entregar a las empresas de telecomunicaciones la neutralidad de la red, ¿quién defiende los intereses de los ciudadanos?